Bolivia: Radios y canales de TV esperan a ciegas la licitación de frecuencias electromagnéticas

Hay temor de que las concesiones se entreguen con base en criterios políticos e ideológicos. El Gobierno asegura que no se tomarán en cuenta los contenidos. Hay poco espacio entre las radios. Se teme que la norma implique la desaparición de emisoras privadas a favor de estatales

La noticia no era sorpresa; al contrario, se sabía y se esperaba. La mayor parte de las estaciones de radio y televisión verán extinguirse sus permisos para el uso del espectro radioeléctrico entre 2016 y 2019. 

Sin embargo, la voz del director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y transportes (ATT) cayó como un balde de agua fría: “Entre 2016 y 2019, unas 500 radios y canales de televisión cesarán sus emisiones porque caducará la concesión de sus respectivas licencias”. 

Intentamos ampliar la información enviando un cuestionario a la ATT para conocer cómo y quiénes definirán la entrega de licencias, así como la cantidad de emisoras que hay en el país; sin embargo, a pesar de la promesa de respuestas, estas no llegaron hasta el cierre de esta edición.

El anuncio deja preocupación en los comunicadores y empresarios de la radiodifusión, no solo porque existe la susceptibilidad de que primen criterios políticos a la hora de reasignar las licencias, sino, fundamentalmente, porque la ATT no ha explicado qué características tendrá la nueva licitación y qué requisitos hay que cumplir para seguir gozando de una concesión.

El vicepresidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Enrique López, explicó que en octubre hubo una reunión del sector en Tarija a la que invitaron al representante de la ATT, pero no asistió y tampoco han tenido respuesta a los cuestionamientos referidos a cuáles serán los procedimientos a seguir en esta nueva etapa. 

Nueva ley
Por si eso fuera poco, desde 2011 hay una nueva Ley de Telecomunicaciones que establece nuevas reglas del juego, lo que significa que el espectro electromagnético (el aire, por decirlo de una manera más sencilla) debe dividirse en cuatro espacios: uno para el Estado (33%); otro para las radios comerciales o privadas (33%); otro para organizaciones no lucrativas (17%) y otro para organizaciones indígenas y campesinas (17%).

Por ejemplo, en Santa Cruz hay 67 radios en frecuencia modulada, la mayoría de las cuales corresponden a la categoría de privadas o comerciales. De ese total, el 33% equivale a 22 emisoras, ya que el resto será para el Estado y para las organizaciones sociales así como para las indígenas y campesinas.

Eso podría significar que hay radios comerciales a las que no se les renovará las licencias de operación, aunque esa es aún una especulación hasta que la ATT dé mayores luces.

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, señala que “no hay que ser mezquinos” y que la ley obedece a un criterio de democratización de la información. Recordó que, en 2011, cuando se promulgó la Ley de Telecomunicaciones, ella era del criterio de que las emisoras comerciales se restrinjan al 25% y que ese mismo porcentaje se otorgue a las otras tres categorías. 

Asimismo, ella postuló que ese mismo año debieron revertirse las licencias para cumplir la ley que acababa de ser promulgada. No obstante, la norma se enmarcó en el respeto al derecho adquirido que establece la Carta Magna y que se aguardó que venzan las concesiones, cuya duración era de 20 años. En lo sucesivo, este plazo se reducirá a 15 años.

Incertidumbre
En una consulta con los responsables de radios de La Paz y Santa Cruz se pudo observar incertidumbre por no saber cuáles serán las reglas del juego en el nuevo escenario.

La ley señala que las concesiones a privados se licitan en una puja abierta y esto tiene que ver con valores económicos; las concesiones a organizaciones sin fines de lucro y a entidades campesinas e indígenas serán mediante un concurso de proyectos en el que se deben justificar los objetivos de la emisora, mientras que para el Estado la adjudicación es directa, ya que es el Gobierno nacional el que tiene la tuición de conceder los permisos.

La norma deja claramente establecido que una concesión no establece derecho propietario para quien la obtiene.

Enrique López explicó que unas 23 radios tienen licencias que caducan en 2016. Ya hace un año manifestaron su intención de renovar, tal como lo demanda la norma. De esa manera se acogerán al artículo 30 de la ley, en el que se establece que las licencias podrán ser renovadas por una sola vez.

Augusto Peña, director de la Red Erbol (donde trabajaba Amalia Pando), dice que confía en que se respetará el Estado de derecho y que todos podrán participar en la búsqueda de renovación de concesiones. En su caso, considera que se debe tomar en cuenta el valor agregado de haber alfabetizado a través de la red, de haber brindado servicio social. 

La Red Erbol está compuesta de varias emisoras, no todas comerciales.
En una comunicación con el área administrativa de radio Fides, señalaron que están a la espera de los lineamientos y que, aunque tienen un vencimiento en puerta, están sin mayor información.

Por su parte, María Galindo, de radio Deseo, señaló que Mujeres Creando (la organización de la que depende la emisora) va a dar una lucha nacional e internacional por mantenerse en el aire. En su criterio, la concesión no debe obedecer únicamente a criterios mercantilistas, sino que se deben tomar en cuenta las reivindicaciones que se buscan a través de este.

Susceptibilidad
El nuevo escenario genera susceptibilidades. La directora del programa radial Semanario Uno, Maggy Talavera, ve con preocupación el nuevo escenario. “No habría inquietud si se respetara la institucionalidad y la independencia de poderes”, señala y sostiene que el 67% de los medios radiales será copado por el Estado, mientras que el 33% que pertenece a la categoría comercial estará presionada y tendrá que negociar sus contenidos (a través de la autocensura) para poder mantenerse en el aire.

Galindo cree que la Ley de Telecomunicaciones es el instrumento para generar censura, similar a lo que ocurre en Ecuador, por lo que avizora un escenario complicado. Insiste en su pelea y asegura que no permitirá que le corten la lengua.

En el Gobierno, la ministra Marianela Paco refuta y sostiene que el proceso de licitación es técnico y administrativo y que no tiene nada que ver con los contenidos ni con la responsabilidad de manejar un medio de comunicación, por lo que considera que no deben haber susceptibilidades.

Hugo Moldiz, periodista y exministro de Evo Morales, señala que las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones buscan ordenar las concesiones que, en su criterio, fueron entregadas con soltura y sin rigurosidad. 

Además, señala que uno de los objetivos es regular la calidad de las emisiones, ya que así como hay emisoras que tienen equipos adecuados, hay otras que no cumplen con ese requisito. No obstante, cree que una situación discrecional no puede corregirse con otra de similares características, por lo que piensa que debe haber un proceso de adecuación.

La noticia del vencimiento de concesiones estaba cantada, pero el nuevo escenario es aún incierto y demanda claridad