¿Priorizar la pluralidad de voces y "bancar" la infraestructura, o dar de baja canales deficitarios? Para Macri, este interrogante se presenta como un gran dilema. Efectuar recortes implica pagar un alto costo político. No hacerlo, mantener un abultado rojo fiscal. Los más complicados
El futuro de los nuevos canales de televisión -inaugurados a partir de la sanción de la Ley de Medios (26.522) y de la puesta en marcha del programa de Televisión Digital Abierta (TDA)- es otro de los temas que deberá resolver el próximo Gobierno.
Varias de las señales que se han puesto en marcha en este tiempo -como las vinculadas con la gestión estatal o privada sin fines de lucro- podrían ver su futuro comprometido si no se encaran estrategias que apunten a su sustentabilidad.
El dinero invertido y la infraestructura montada para dar soporte al sistema de TV digital -uno de los caballitos de batalla del Gobierno K- obligarán a la próxima administración a tomar decisiones que terminen de darle forma a esta ambiciosa iniciativa.
Resulta difícil pensar que dicha infraestructura quede abandonada. Y mucho más creer que los canales de gestión estatal (que dependen casi exclusivamente del aporte del Gobierno nacional, provincial o municipal), vayan a bajar las persianas a raíz del ajuste de recursos que, se presume, será inevitable tras la asunción del Gobierno macrista.
Pero hay un punto que ya se da como un hecho: habrá que replantear tanto las prioridades como las estrategias.
Ni siquiera el propio Macri pudo tomar una decisión drástica con el Canal de la Ciudad (ex Ciudad Abierta).
A principios de su gestión al frente del Gobierno porteño quiso cerrarlo pero optó por no hacerlo por el alto costo político que esto representaba.
A modo de ejemplo, resulta difícil pensar que toda la infraestructura de la red de 88 estaciones digitales terrestres montadas para la tv digital y las señales que se han venido subiendo vayan a quedar desmanteladas.
En la actualidad, en la TDA hay 16 canales de distribución nacional, a los que se suman otros 26 que operan en diversas provincias o áreas geográficas del país.
Entre las primeras se encuentran, por citar algunos casos, PakaPaka, Inca TV, Tecnópolis TV, 360° TV, CN23 y Construir.
El problema es que varias operan sin un respaldo jurídico tal que garantice su continuidad.
"El principal inconveniente es que todo lo que se ha montado es experimental. No se ha formalizado legalmente su funcionamiento", afirma a iProfesional, Luis Valle, ingeniero en telecomunicaciones e integrante de la Fundación para el Desarrollo de las TIC (FUNDTIC).
A modo de ejemplo, este experto señala que la señal CN23 no tiene ni licencia ni tampoco unsustento legal adecuado que permita asegurar su permanencia en la grilla.
"La conformación de la grilla deberá estar atada a alguna resolución. Es por eso que será necesaria una reglamentación. Pero ni siquiera el consejo asesor de la televisión digital abierta tiene personería jurídica", remarca Valle.
Una situación similar se da en otra de las señales que funciona no sólo en la TDA sino que también está incluida en los canales de cable, como lo es 360° TV.
Tampoco tiene licencia para operar en un área de servicio, pese a ser un canal privado y que, además, puede ser competidor de cualquier otra señal.
Provincias, televisión y crisis
En el caso de los prestadores de gestión estatal es otra la historia.
Las señales de televisión de provincias y de municipios se han venido manejando hasta ahora a partir de recursos provenientes del Estado.
Si bien desde el punto de vista de la infraestructura son mantenidas por ArSat, la cuestión operativa puede complicarse en varios lugares.
Un ejemplo lo aporta Acequia TV, la señal del Gobierno de Mendoza, que viene acusando problemas económicos desde hace ya varios meses. La empresa no está pudiendo pagar algunas producciones realizadas y sus empleados estarían cobrando sus sueldos atrasados.
La emisora funciona sólo producto de un decreto firmado por el saliente gobernador Francisco Paco Pérez, pero carece de un sustento jurídico tal que le asegure permanencia en el tiempo.
Justamente, eso mismo que se proclama como una política de Estado (que la televisión llegue a todos los rincones del país) es lo que no termina de quedar plasmado en las formas.
La falta de institucionalidad que se ha hecho común en gran parte de la TDA -y lo que ella trae aparejada- es lo que hoy genera tanta incertidumbre con Macri en el poder.
Otras señales con perspectivas dudosas en lo que hace a su continuidad son las universitarias. Básicamente por cuestiones presupuestarias.
A modo de ejemplo, dentro del sistema digital funcionan la TV Universidad (La Plata) y la Señal U (Universidad Nacional de Cuyo). La operatoria de estos canales depende del dinero aportado por sus casas de estudios.
Pero hay casos en donde las universidades reciben, además, fondos por fuera de ese presupuesto -como el que proviene de la firma de contratos por la provisión de algunos servicios-.
En estos casos, el problema podría radicar en que todo ese dinero que se ha venido otorgando según la discrecionalidad del poder de turno deje de recibirse y, por ende, se vean comprometidas parte de esas transmisiones.
Ya es un secreto a voces que el equipo económico de Macri estará obligado a hacer fuertes ajustes en las cuentas públicas. Y los fondos que se han venido destinando a esas universidades pasarán a estar en revisión.
Súper-dependencia estatal
Este cambio de contexto político que deberá atravesar la televisión digital en la Argentina también incluye a aquellas señales de gestión privada sin fines de lucro que se entregaron, por ejemplo, a diversas ONG y comunidades aborígenes.
Acá es donde surge uno de los mayores desafíos para varios actores pertenecientes al llamado tercer sector.
El otorgamiento de licencia y frecuencia a la comunidad mapuche, que en 2012 puso en marcha la señal Wall Kintun, fue expuesto por la gestión K como uno de los grandes logros de la Ley de Medios.
Sin embargo, y pese a que este canal se hizo de los fondos contemplados en la normativa -a través de la participación de los concursos FOMECA, creados para ese fin- los trabajadores tomaron hace unos días la sede de AFSCA en reclamo de recursos para su funcionamiento.
"Wall Kintun no fue respetado en términos simbólicos, es decir, que al ser el primer canal surgido de la aplicación de la ley 26.522 hubiese merecido una mejor atención por parte de los organismos del Estado a los que le compete el área", señala a iProfesional Osvaldo Nemirovsci, cerebro y coordinador de la TDA.
Y agrega: "Hubo una combinación de desaciertos en su conducción pero la principal causa de su debacle es la carencia de fondos y el desamparo en cuanto a provisión de capacitación, materiales, instrumentos y recursos por parte del Gobierno".
Para este dirigente, el futuro de algunos canales podría estar más ligado al aporte de gobernaciones y municipios que puedan solventarlos.
"Varias de las señales que han surgido recientemente dependen de recursos estatales. Yo estaría de acuerdo en que el Estado le subsidie a algunas señales sus costos de operación y de mantenimiento. Pero hay que tener presente que eso no es lo que la ley dice", aclara Martín Becerra, investigador y docente de posgrado de la Universidad de Quilmes.
En un sentido similar al planteado por Becerra, el coordinador de la TDA considera que "debiera haber una institución gubernamental que ayude con la puesta en marcha de nuevas frecuencias, tanto de TV como de radio, que le corresponden al tercio de los privados sin fines de lucro".
En los primeros cinco años de la llamada ley de medios, la AFSCA entregó más de 1.200 licencias radiales y televisivas, con gran predomino de las primeras.
Para TV digital hay otorgadas 82 autorizaciones, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA).
Por lo pronto, a seis años de la sanción de la Ley de Medios y a cinco de la puesta en marcha de la televisión digital abierta, el futuro de las nuevas señales luce bastante incierto.
Especialmente, para todas aquellas que dependen casi exclusivamente de los recursos de un Estado que muestra un abultado déficit fiscal.
Los expertos coinciden en afirmar que el hecho de llegar con señales de televisión a todos los rincones del país y darle voz a quienes no la tienen forma parte de las políticas de inclusión.
Pero también apuntan que no se trata de abrir canales porque sí y luego no hacerse cargo de los efectos sociales que esto acarrea. En particular, si no están dadas las condiciones económicas para que puedan ser autosustentables en el tiempo.
Algo de esto está ocurriendo con todo lo que se ha generado en torno al otorgamiento de autorizaciones para señales de televisión. Ni siquiera han sido suficientes todas las acciones impulsadas en estos años para crear contenidos para esos canales.
Este tema obligará al nuevo Gobierno a rever todo lo hecho. En principio, muchos espacios quedarán sujetos a los recursos económicos disponibles.
El costo político de cerrar o de abandonar señales y la infraestructura ya montada es grande. Pero solventar a muchas emisoras también traerá complicaciones, en un contexto en el que las cuentas fiscales no cierran.
Este dilema entre frenar algunas emisiones o, por el contrario, alentar el "siga siga" es uno más que deberá resolver Macri y su equipo económico.
